Más de una década de corrupción e improvisación dejan a Venezuela a oscuras
CARACAS, Venezuela.- Al principio el gobierno de Hugo Chávez le echaba la culpa de los apagones a la sequía provocada por el fenómeno climatológico El Niño. Y ahora, el régimen de Nicolás Maduro señala al senador Marco Rubio.
Aunque el régimen de Maduro achaca al “imperio norteamericano” el peor apagón en la historia de Venezuela –que comenzó la tarde del jueves 7 de marzo y se ha extendido hasta este domingo en casi todo el territorio nacional– lo cierto es que el país sufre una “emergencia eléctrica” desde 2010, agravada por la improvisación y la corrupción del régimen, según expertos.
El difunto Chávez firmó el 8 de febrero de 2010 el decreto de “Estado de Emergencia del Servicio Eléctrico Nacional”. La orden presidencial destacaba en su justificación la presencia de “un conjunto de circunstancias de orden natural que afecta las cuencas hidrográficas” por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, también admitía fallas imputables a la planificación de su gobierno como la “insuficiente” disponibilidad del parque de generación termoeléctrica y las limitaciones de la red de transmisión de energía eléctrica nacional y los sistemas de distribución.
Ya en ese momento las interrupciones del servicio eléctrico eran parte de la cotidianidad de la mayoría de los venezolanos, aunque no solían afectar a los que vivían en Caracas, la capital.
Para afrontar a la situación, que desde 2008 generó un creciente malestar entre la gente, Chávez exigió a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) “acelerar los cronogramas de ejecución de las obras” y tomó una medida que abriría las puertas a múltiples escándalos de corrupción: autorizó “contrataciones por adjudicación directa”, pasando por encima de licitaciones y concursos públicos.
Nueve años después, el balance es oscuro. Muchas obras jamás se concluyeron, Venezuela pasa diariamente horas sumida en las tinieblas y miles de millones de dólares terminaron en cuentas en Andorra, España, Estados Unidos y otros países a nombre de altos funcionarios del régimen chavista hoy perseguidos por saquear las arcas de la República Bolivariana.
Estatización total y mucho dinero, en manos militares
En el furor de su política de expropiaciones y estatizaciones, Chávez expulsó del sector eléctrico a las empresas privadas y creó Corpoelec el 31 de julio de 2007. En la actualidad, el organismo es presidido por el mayor general Luis Motta Domínguez, de la Guardia Nacional, componente de la Fuerza Armada Nacional que se encarga de reprimir las manifestaciones de la oposición contra Maduro. Ante las críticas por su gestión, Motta Domínguez ha reconocido públicamente que no es un versado en la materia, pero dice que se ha rodeado de gerentes competentes.
“ Las dos décadas entre 1998 y 2018 se caracterizaron por el total abandono del mantenimiento de las instalaciones del sistema interconectado nacional, el desconocimiento de los planes de desarrollo del sistema eléctrico y la corrupción en las decisiones de dotación de equipos”, sostiene un informe de la ONG Transparencia Venezuela que evalúa el impacto de los 20 años de revolución chavista en el colapso del servicio.
Transparencia Venezuela apunta que entre 2010 y 2015 el régimen socialista supuestamente invirtió más de 40,000 millones de dólares en “equipamiento de generación y transmisión”; sin embargo, la crisis eléctrica se ha agudizado desde 2016 al extremo de imponer el racionamiento eléctrico en distintos estados del país y golpear a Caracas.
¿Y qué pasó con todo ese dinero de la “emergencia”? La justicia internacional ha investigado y procesado a una serie de funcionarios y empresarios venezolanos entre los que figuran Javier Alvarado Ochoa, expresidente de la Electricidad de Caracas; Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía; y Luis Carlos de León, antiguo director de Finanzas de la Electricidad de Caracas, quienes habrían recibido sobornos millonarios a cambio de jugosos contratos.
Alvarado Ochoa y su hijo tenían una estrecha relación con Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, dueños de Derwick Associates, compañía a la que adjudicaron proyectos por más de 2,100 millones de dólares pese a no tener ninguna experiencia en el sector eléctrico.
“ Solo por la venta de turbinas a Petróleos de Venezuela, Derwick recibió más de 200 millones de dólares, de los cuales no menos de 50 millones corresponden a sobreprecio”, calcula el periodista César Batiz, quien denunció y documentó este caso.
“El Guri –central hidroeléctrica ubicada en el estado Bolívar, sur del país– ha colapsado por falta de mantenimiento, igual las termoeléctricas y las líneas de transmisión y distribución. La incapacidad e indolencia del gobierno nos ha llevado a este colapso total”, escribió en su cuenta Twitter Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa durante una década bajo el mando de Chávez. Ramírez está en el exilio huyendo de los tribunales chavistas y fue declarado por el Parlamento opositor responsable de un desfalco de miles de millones de dólares perpetrado en la industria petrolera.
Obras paralizadas
Transparencia Venezuela analizó 40 proyectos que debían adelantarse en el periodo 2010-2014 para fortalecer el servicio y superar la emergencia. De ese total, 17 aún no están operativos y el resto funciona por debajo de su capacidad. El plan original buscaba incorporar 17,513 megavatios al sistema eléctrico nacional y hasta la fecha apenas ha logrado aportar 4,360.50.
La ONG identificó nueve obras que sumaban 4,752 millones de dólares y que registraron un sobreprecio de 2,546 millones de dólares. Asimismo, 11 proyectos asignados directamente a Derwick Associates por más de 5,000 millones de dólares, arrojaron una sobrefacturación equivalente a 2,933 millones de dólares.
“Ninguno de los proyectos fue cumplido en cuanto a hacer efectiva la capacidad de generación prevista. En el caso de la contratación para el supuesto plan de autosuficiencia eléctrica de Pdvsa, la Contraloría General de la República descubrió contrataciones realizadas con esa empresa en las que la improvisación y el desorden administrativo se juntaron para favorecer la corrupción y el despilfarro de fondos públicos”, acota el informe.
Las desviaciones trascendieron las fronteras. Al amparo del acuerdo de cooperación energética Venezuela-Argentina, firmado por el régimen chavista con los gobiernos de los Kirchner, se involucró en el negocio la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa). Su primera obra se retrasó por ocho años, con un presupuesto que se incrementó 46%hasta alcanzar los 325 millones de dólares y, al final, la repotenciación que ejecutó no pudo aprovecharse por razones técnicas.
A pesar de su pobre desempeño, Impsa fue incluida en el proyecto de la central hidroeléctrica de Tocoma –ubicada en el sur del país- junto con un consorcio encabezado por la brasileña Odebrecht. “Su costo inicial (en 2005) fue de 3,061 millones de dólares, financiados parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al 2011 la inversión total alcanzaba 5,995.61 millones de dólares (un incremento de 96%), y al 2014 el costo de la obra superaba ya los 10,371 millones de dólares (un incremento de 239% respecto al costo inicial previsto)”, recoge Transparencia Venezuela. En 2015 el proyecto estaba paralizado.
Antes de reconocer los errores propios, el régimen chavista ha atribuido las causas de los constantes apagones a los más diversos actores. Iguanas, zamuros y roedores han sido señalados como los responsables de los cortes de luz, provocando toda clase de chistes y burlas en las redes sociales. “¡Camaradas! En algunos casos, las fallas en el sistema eléctrico las producen animales tales como: ratas, ratones, culebras, gatos, ardillas, rabipelados, zamuros, etc., que buscando madriguera, nido o lugar donde ocultarse, se introducen en equipos del sistema causando la falla”, respondió el mayor general Motta Domínguez en su cuenta en Instagram el 20 de octubre de 2018.
Pero ahora toda la culpa recae sobre los “halcones” de la administración del presidente Donald Trump, al tiempo que Maduro habla “sabotajes” y de una “guerra eléctrica” que busca derrocarlo para entregar el poder a Juan Guaidó, líder del Parlamento que es reconocido como presidente interino de la República por Estados Unidos, Canadá y las principales democracias de Europa y América Latina.
“El deterioro del servicio eléctrico en Venezuela es producto de una mala gestión que jerarquiza la apropiación de los fondos públicos sobre los resultados para el mejoramiento del servicio eléctrico”, observa Transparencia Venezuela.
En esa misma línea, el mayor general del Ejército, Hugo Carvajal, ex jefe de Inteligencia de Chávez y nuevo rival de Maduro, publicó en Twitter: “Lista de responsables del ‘sabotaje eléctrico’: 1. Corrupción. 2. Incapacidad. 3. Improvisación. 4. Cerebro de iguana de los ministros. Nunca han existido los sabotajes eléctricos. Solo la plena intención de sumergir al pueblo en la miseria haciéndose ricos. Receta cubana”.
